SOCIALIZAR LAS PERDIDAS

By: 
Ibrahim A. Warde
Date Published: 
December, 1997
Publication: 
Le Monde diplomatique
Language: 

 

En México la lógica económica liberal se imponía por sí misma, pero faltaba el coraje político: privatizar el sistema de carreteras -confiándolo a sociedades de construcción y obras públicas, que financiarían las nuevas construcciones y gestionarían los peajes- permitiría construir una infraestructura moderna que no costaría nada a los poderes públicos. El antiguo presidente, Carlos Salinas de Gortari, economista brillante, hizo de las autopistas privatizadas una de las claves del arco de su política de liberalización. Al final de su mandato, en 1994, se felicitaba por su audacia y no ocultaba su satisfacción: 6.000 kilómetros de autopistas ultramodernas habían sido construidas sin soltar un céntimo del erario público.

Pero, tras la euforia de los años Salinas (1988-1994), las grandes sociedades constructoras experimentaron graves dificultades financieras. habían cometido los errores que se atribuyen habitualmente a los planificadores del sector público: subestimación de los costes (26% de media), proyectos demasiado ambiciosos, previsiones y peajes irreales. En un país en el que el salario medio por hora no sobrepasa el dólar, era necesario pagar, por ejemplo, 45 dólares (por coche) o 200 dólares (por camión) para atravesar los 250 kilómetros que separan Cuernavaca de Acapulco... Resultado: las autopistas, aunque resplandecientes, eran muy escasamente transitadas.

En agosto de 1997, en el último momento (porque había que actuar antes de la entrada en funciones, el 1 de setiembre, de un Congreso dominado por la oposición), el parlamento mexicano votó a favor de la salvación de las sociedades constructoras y de sus bancos.

El Estado asumió las deudas y la gestión provisional de 23 de las 32 autopistas de peaje -los tramos rentables quedarían en manos de las sociedades privadas. Esto se ligaba al saneamiento de su situación financiera y a estimular el tráfico (una reducción de los peajes entre el 15 y el 30%, tratando de conseguir un mayor uso de las autopistas y de los ingresos) antes de devolverlas al sector privado. Esta solución debería librar a las sociedades (Empresas ICA, Grupo Mexicano de Desarrollo, Grupo Tribasa, Protexa, etc.) de una carga que les impedía proseguir su expansión -tanto en México como en otras partes. Coste de esas medidas para el Estado: 8 mil millones de dólares. El contribuyente deberá pagar a partir de ahora por autopistas por las que no puede transitar por falta de medios (1).

 

Referencias

(1) El camino seguido en España guarda grandes semejanzas con lo que se describe para México.

 

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